Gobierno crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas

El Gobierno promulgó el 20 de noviembre el Decreto Legislativo N° 1746, norma que formaliza la creación del Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte) tras su aprobación en el Gabinete el 19 de noviembre. La disposición tiene como propósito reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad de extrema violencia e incorpora el artículo 317-C al Código Penal para sancionar la instrumentalización del terror con penas de entre 15 y 35 años de prisión.

Según el documento suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde; del Interior, César Astudillo; y de Justicia, Ernesto Álvarez, la implementación y administración del Renocte estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) bajo un esquema informativo de carácter secreto. Para plantear la inclusión de una organización en la lista, la Sedena evaluará tres criterios: estructura delictiva organizada y jerarquizada, planificación, ejecución o promoción de atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra, y búsqueda de un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

Al dar cuenta de los alcances de la norma, la Presidencia del Consejo de Ministros detalló el papel de las alertas preventivas y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) frente a las estructuras económicas delictivas: «El registro concentrará información sobre estas organizaciones, sus integrantes y colaboradores. Esto permitirá activar alertas migratorias preventivas y facilitar el congelamiento inmediato de sus fondos y activos, a través de la UIF-Perú, para golpear también las redes financieras que sostienen sus actividades ilícitas.» Con ello, el Estado busca afectar los recursos económicos de estas agrupaciones y fortalecer sus herramientas frente a la inseguridad.

Durante la presentación de la norma, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, precisó que los órganos de inteligencia del Estado elevarán las evidencias a la Sedena para proponer la inscripción de las bandas, mientras que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) se encargará de su debate y aprobación. Asimismo, el titular del sector explicó que la medida abarcará a toda la cadena delictiva, por lo que se registrará a quienes financien, alquilen armamento, preparen explosivos, laven dinero o presten sus cuentas bancarias para estas operaciones.

El ministro Álvarez sostuvo que este decreto forma parte de un paquete de cuatro normas aprobadas en la sesión ministerial para intensificar la lucha contra el crimen organizado. En esa línea, informó que el Ejecutivo dispuso también el traslado de la facultad de construcción de infraestructura penitenciaria al sector Defensa y el fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el fin de optimizar el control de los internos.

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