El Perú activó oficialmente su participación en el programa regional E-Motion, una iniciativa internacional que movilizará más de €300 millones en financiamiento concesional y asistencia técnica para acelerar la transición hacia el transporte eléctrico urbano y fortalecer la movilidad sostenible en el país.
El programa permitirá financiar la renovación de flotas de transporte público, el desarrollo de infraestructura de carga eléctrica y la estructuración de proyectos de electromovilidad en ciudades peruanas. La iniciativa busca reducir emisiones contaminantes y modernizar el sistema de transporte urbano mediante inversión pública y privada.
El sector transporte representa actualmente el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del Perú, generando impactos económicos asociados al aumento del gasto en salud pública, pérdida de productividad urbana y menor competitividad de las ciudades. En ese contexto, la electromovilidad se plantea como una política ambiental y económica simultáneamente.
E-Motion es cofinanciado por el Fondo Verde para el Clima (GCF) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con participación financiera de PROPARCO y asistencia técnica liderada por la cooperación alemana a través de GIZ. Este esquema internacional permitirá reducir riesgos y acelerar inversiones sostenibles.
Uno de los componentes centrales del programa es el acceso a créditos concesionales, diseñados para superar las principales barreras de adopción del transporte eléctrico, como el alto costo inicial de los buses, la incertidumbre tecnológica y la limitada infraestructura de carga existente.
El financiamiento contempla recursos para adquisición de buses eléctricos, construcción de electrolineras y patios eléctricos, desarrollo de proyectos de movilidad urbana sostenible y asistencia técnica no reembolsable para estructurar iniciativas viables y atraer capital privado.
La implementación del programa, prevista entre 2025 y 2032, podría dinamizar múltiples sectores económicos. Entre ellos destacan la industria energética, la construcción de infraestructura eléctrica, el mercado automotriz y los servicios financieros vinculados a bonos verdes y financiamiento climático.
Desde el punto de vista empresarial, la reducción de costos operativos frente a buses diésel —principalmente en combustible y mantenimiento— podría mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte masivo y generar nuevas oportunidades para operadores urbanos.
En términos macroeconómicos, la transición hacia la movilidad eléctrica también contribuiría a mejorar la competitividad urbana, disminuir la contaminación atmosférica y reducir enfermedades respiratorias, generando ahorros fiscales indirectos asociados al uso de combustibles fósiles.
Con su adhesión a E-Motion, el Perú se suma a una plataforma regional que ya opera en países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana, consolidando un mercado latinoamericano de electromovilidad en expansión.
El principal reto hacia adelante será estructurar proyectos financieramente sostenibles y fortalecer capacidades regulatorias locales para garantizar que la transición energética del transporte público combine viabilidad económica, eficiencia operativa y beneficios ambientales de largo plazo.
