El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, descartó cualquier intento de fraude en las Elecciones Generales 2026 y criticó las voces que buscan sembrar dudas sobre el proceso. La autoridad sostuvo que, así como en 2021 no se acreditó ninguna prueba de fraude, en los comicios actuales tampoco existe evidencia que sustente esa narrativa.
Corvetto formuló ese pronunciamiento al defender la integridad del sistema electoral peruano y remarcar que la elección se desarrolla bajo estándares de legalidad, transparencia y control. El titular de la ONPE insistió en que hablar de fraude sin pruebas resulta irresponsable y solo contribuye a erosionar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Como parte de su argumento, recordó que en el Perú los votos no los cuentan los organismos electorales, sino los miembros de mesa durante el escrutinio. Además, explicó que las organizaciones políticas tienen la posibilidad de acreditar personeros para supervisar la instalación de mesas, la votación y el conteo, lo que refuerza la fiscalización directa del proceso por parte de los propios partidos.
La ONPE también señaló que sus sistemas son auditados y que el proceso cuenta con presencia de personeros técnicos, mecanismos de control y resguardo documental. Entre las garantías mencionadas figura la conservación de las cédulas de sufragio, lo que permite que, ante un reclamo formal, los órganos electorales evalúen un eventual recuento conforme a ley.
El pronunciamiento surge en un escenario en el que vuelven a aparecer cuestionamientos similares a los planteados tras las elecciones de 2021. Corvetto remarcó que, entonces, pese a las denuncias públicas, no se comprobó fraude alguno, por lo que advirtió que repetir ese discurso sin sustento solo alimenta desinformación en una etapa clave del calendario electoral.
En paralelo, la ONPE viene afinando la organización de los comicios del 12 de abril de 2026. El organismo informó que promueve la acreditación de personeros, despliega campañas informativas para orientar al elector y coordina con autoridades regionales y locales la logística del proceso, incluida la instalación de mesas en centros poblados y zonas alejadas.
A ello se suma el trabajo de seguridad. El Ministerio del Interior confirmó que coordina con la ONPE el resguardo policial para el despliegue y repliegue del material electoral, así como la protección de los locales de votación en todo el país. Esa articulación cobra especial importancia ante reportes de amenazas de extorsión que han llevado a algunos propietarios a retirar locales inicialmente previstos para la jornada electoral.
Corvetto también puso énfasis en la complejidad de esta elección, marcada por una alta cantidad de organizaciones políticas y fórmulas presidenciales en competencia. Precisamente por ello, insistió en que los actores políticos deben prepararse para aceptar los resultados y canalizar cualquier observación dentro de los cauces legales, en lugar de instalar acusaciones anticipadas contra el árbitro electoral.
El jefe de la ONPE resaltó además la presencia de misiones de observación electoral internacionales, entre ellas las de la OEA y la Unión Europea, como parte del esquema de vigilancia externa. Para la entidad, esa supervisión se suma a un proceso que ya incorpora controles internos, auditorías y fiscalización partidaria, y que busca fortalecer la credibilidad institucional de las elecciones generales.
El funcionario, señaló que la ONPE busca cerrar el paso a una nueva ola de sospechas sin pruebas y reforzar la confianza ciudadana en la jornada electoral. El desafío, en adelante, será sostener la transparencia del proceso, garantizar seguridad en los locales y asegurar que el debate político se mantenga dentro de los márgenes democráticos y legales.
