El reciente estudio de opinión pública realizado por la Universidad Católica de Santa María (UCSM) reveló que el conflicto entre minería y agricultura no figura entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos de Arequipa. Apenas un 2% de los encuestados mencionó este tema como un problema regional, muy por debajo de la inseguridad, la corrupción, el desempleo y la inmigración.
La investigación, elaborada por la Escuela de Publicidad y Multimedia junto con la de Ciencia Política y Gobierno, se basó en 1,400 encuestas aplicadas en Arequipa, Camaná, Caylloma e Islay, complementadas con grupos de discusión. Los resultados muestran que, pese a las recientes protestas en contra del proyecto minero Tía María, la población prioriza otras preocupaciones sociales y económicas.
Entre los problemas señalados con baja relevancia —todos con un 2%— se encuentran, además del conflicto minero, la falta de recursos para seguridad, la acumulación de basura, la recesión económica y la violencia familiar o de género. Los investigadores advierten que estos temas no desaparecen, pero son opacados por problemáticas más inmediatas.
El estudio también abordó la percepción de la población respecto a la minería. Un 61% de los encuestados calificó la imagen de las empresas mineras entre “buena” y “muy buena”, mientras que el 38% se mostró crítico. En contraste, cuando se trató de minería ilegal, el 60% de los consultados pidió su prohibición, aunque un 31% defendió su permanencia porque “genera empleo”.
De acuerdo con el análisis, las clases medias y altas ven en la minería un motor estructural del desarrollo regional, asociado a la sostenibilidad, la tecnología limpia y la responsabilidad corporativa. En cambio, los sectores populares valoran más los beneficios concretos, como programas sociales, infraestructura educativa o de salud, y obras financiadas por canon y regalías.
El informe también reveló críticas hacia la falta de diversificación económica. Algunos participantes señalaron que las compañías mineras deberían invertir más en agricultura u otras industrias locales, a fin de evitar la dependencia exclusiva de la actividad extractiva. También persiste una percepción ambiental negativa: aunque reconocen mejoras tecnológicas, varias voces mantienen la idea de que “la minería contamina inexorablemente”.
La imagen de empresas específicas fue otro punto analizado. Mientras Cerro Verde es mejor valorada, Southern Peru enfrenta mayor desconfianza, especialmente por su relación con conflictos en México y Estados Unidos, y por temores de contaminación en su área de influencia en Islay.
En conclusión, el estudio refleja una aparente aceptación social hacia la minería como motor económico, aunque condicionada a que se traduzca en beneficios visibles para la población. El verdadero foco de preocupación regional sigue siendo la inseguridad y la corrupción, que marcan la agenda ciudadana muy por encima de los conflictos mineros.
