La participación de Rafael López Aliaga en el debate no dejó la impresión de un aspirante sólido, sino la de un candidato que prefirió el impacto verbal antes que la rendición de cuentas. Su intervención se apoyó en frases duras, recortes drásticos del Estado y castigos extremos, pero cuando llegó el momento de responder sobre hechos concretos de su gestión, su desempeño se volvió defensivo y elusivo. 
Su propuesta central fue reducir el Estado de 18 a 6 ministerios y, con ello, ahorrar S/80 mil millones al año para financiar inteligencia policial, becas, hospitales, alimentación escolar y otras medidas. El problema no fue solo la magnitud del anuncio, sino que López Aliaga no expuso en el debate el sustento técnico, presupuestal ni administrativo de una cifra de ese tamaño, pese a que la repitió en distintos bloques como si bastara enunciarla para volverla creíble. 
Ese vacío fue todavía más evidente porque el presupuesto público aprobado para 2026 asciende a S/257.561 millones, mientras el gasto corriente bordea los S/167 mil millones, de modo que prometer un ahorro anual de S/80 mil millones por simple reducción ministerial exigía una explicación detallada que nunca apareció. En un debate presidencial, lanzar una cifra de ese calibre sin demostrar de dónde sale ni qué servicios se recortarían no luce como firmeza, sino como improvisación. 
El momento más delicado de su noche llegó cuando la moderadora Claudia Chiroque le preguntó por un punto concreto de su gestión en Lima: por qué no cerró Las Malvinas, pese a su compromiso previo, siendo ese espacio un símbolo del comercio de celulares robados. Allí no hubo argumento, dato ni descargo. López Aliaga respondió: “Prefiero no usar mis treinta segundos”, y ante la repregunta insistió en no contestar. Fue, probablemente, la imagen más nítida de su debate: dureza para prometer, silencio para explicar. 
Ese episodio pesa más que cualquier eslogan, porque en campaña un candidato puede ofrecer lo que quiera, pero en debate se le mide también por su capacidad de responder por lo que ya hizo. López Aliaga no fue interrogado sobre una hipótesis ni sobre un rumor, sino sobre una promesa incumplida en la alcaldía de Lima. Y frente a ese examen mínimo de gestión, optó por retirarse de la pregunta. Para un postulante que quiere conducir el país, la evasión no es un detalle: es un síntoma político. 
Los otros candidatos percibieron ese flanco y lo explotaron. Álex Gonzales fue el más frontal al acusarlo de tener una “lista interminable de denuncias”, de haber dejado “Lima como potencia mundial del crimen” y de cargar con el escándalo de los “trenes chatarra”. Su remate fue directo: “¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda, López”. El intercambio fue tan tenso que los moderadores intervinieron para frenar el tono, pero el golpe político ya estaba dado. 
La crítica de Gonzales no se quedó en el insulto. También recordó que López Aliaga había dicho que no postularía a Lima y que finalmente dejó la ciudad para saltar a la carrera presidencial. En ese punto, la objeción no fue ideológica, sino de consistencia: la pregunta de fondo era por qué el electorado debería confiar en un candidato que no terminó de resolver los problemas de la capital y ahora pide administrar el país entero. 
Yonhy Lescano también lo puso en la línea de fuego al cuestionar los pagos a estudios jurídicos extranjeros y al volver sobre el tema de los trenes, afirmando que “otros pagan 100 millones de soles a estudios jurídicos gringos y traen trenes chatarra”. Más allá del tono, la acusación reforzó una percepción que López Aliaga no consiguió desmontar durante la noche: la de un candidato atacado por su gestión reciente y sin una defensa suficientemente articulada para neutralizar esos cuestionamientos. 
José Williams, desde un registro menos estridente, también marcó distancia con una de las ideas más efectistas de López Aliaga: el traslado de la capital y de los poderes del Estado a Junín. Williams le replicó que eso era “jugar con el interés y los anhelos de la población”, subrayando el enorme costo de una medida de ese tipo frente a urgencias inmediatas en salud, educación y seguridad. Fue una crítica importante porque no cuestionó solo el estilo de López Aliaga, sino la viabilidad de sus promesas. 
Además de las evasiones y las propuestas sin desarrollo, el debate volvió a colocar sobre la mesa un problema de credibilidad. Hace apenas unas semanas, verificadores independientes desmintieron una afirmación de López Aliaga sobre la pobreza extrema en el Perú: dijo que alcanzaba el 30%, cuando el dato oficial más reciente del INEI la situó en 5,5% en 2024. Ese antecedente no pertenece al debate del lunes, pero sí ayuda a entender por qué sus cifras grandilocuentes ya no pueden tomarse automáticamente como verdad, sino que exigen contraste. 
En la pregunta ciudadana sobre Beca 18 volvió a verse ese mismo patrón. En vez de detallar una política específica de sostenibilidad, cobertura, focalización o articulación con universidades, López Aliaga regresó a su fórmula del ahorro de S/80 mil millones y ofreció destinar “gran parte” de ese dinero a becas, crédito educativo y fondos para nuevas empresas. Más que una respuesta precisa, fue una reedición del mismo comodín presupuestal usado para casi todo el debate. 
Su discurso final tampoco corrigió esa impresión. Prometió cárceles en la selva sin luz ni internet, expulsión de extranjeros ilegales, retiro de la Corte Interamericana y sanciones penales para gerentes de telefónicas por chips vinculados a delitos. Todo ello puede sonar severo y rentable para una parte del electorado golpeado por la inseguridad, pero el debate mostró que la severidad verbal no reemplaza la precisión jurídica, la solvencia técnica ni la obligación de responder preguntas incómodas. 
El saldo político para López Aliaga fue, así, más preocupante que victorioso. Quiso proyectarse como el candidato que impone orden, pero terminó exhibiendo un flanco serio: cuando le pidieron explicar sus propias falencias, prefirió callar; cuando le exigieron sustento, repitió cifras; y cuando fue atacado por sus rivales, no despejó las dudas de fondo. Para alguien que busca la presidencia, no bastan el tono duro ni la indignación permanente. En democracia, también hay que responder.
