La Gerencia Regional de Educación deberá desocupar el inmueble de La Recoleta antes de diciembre por orden judicial; más de 120 trabajadores serán reubicados temporalmente en instalaciones de Carmen Alto mientras se adecúa la nueva sede.
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) deberá desocupar el local que ocupa desde hace varios años en La Recoleta, luego de que una orden judicial dispusiera su desalojo. El inmueble pertenece a la Orden Franciscana, que desde 2024 exige la restitución del predio. La medida afectará a más de 120 trabajadores, quienes serán reubicados en ambientes temporales en Carmen Alto, distrito de Cayma.
La demanda fue interpuesta por la Orden Franciscana en julio de 2024, tras la culminación del contrato de arrendamiento con la GREA. El proceso concluyó con la Sentencia N.º 120-2024-4JEC, emitida el 20 de septiembre, que ordena el desalojo inmediato del local. Pese a los intentos de diálogo, no se llegó a un acuerdo, por lo que la institución educativa regional inició la búsqueda de un nuevo espacio.
Finalmente, la GREA determinó trasladarse a las instalaciones del PRITE Sagrada Familia, centro que brinda atención a niños menores de tres años con discapacidad o autismo.
“Estamos evaluando mudarnos a la sede del PRITE de Carmen Alto (Cayma), mientras que ellos serán trasladados. La adecuación del ambiente se extenderá hasta diciembre; nuestro compromiso es desocupar el local en esa fecha. Ahora debemos realizar ajustes en el segundo piso y acoplar divisiones temporales. Existe molestia entre el personal debido a la nueva ubicación, pero creemos que eso será al inicio. Todos deberán mudarse”, explicó Cecilia Jarita Padilla, titular de la GREA.
La funcionaria recordó que la entidad aún espera la construcción de una sede propia en Paucarpata, proyecto valorizado en S/ 19 millones 24 mil 863.85, que se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Sin embargo, pese a haber sido convocado en tres ocasiones, no ha despertado interés entre postores privados, lo que podría retrasar su ejecución al menos tres años más.
