El exvicerrector de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), César Cáceres, denunció públicamente que es víctima de persecución política y represalias por haber revelado indicios de corrupción en los procesos de admisión a la Facultad de Medicina. Según señaló, la casa de estudios lo sancionó con diez meses y treinta días de suspensión sin goce de haber, una medida que califica como “inédita e injusta”.
Cáceres explicó que la sanción no responde a una falta académica real, sino a su decisión de convocar a la prensa y exponer presuntas irregularidades durante un proceso electoral interno. “Me han sancionado vulnerando mi libertad de expresión y mi derecho al trabajo. Esto es un intento de silenciarme”, declaró.
Durante su conferencia de prensa, el exvicerrector mostró audios, mensajes y vouchers que, según dijo, evidencian el pago de hasta 27 mil soles para asegurar una vacante en Medicina. Aseguró que se trata de un caso concreto, pero no descartó que aparezcan nuevas denuncias de padres de familia en los próximos días.
Cáceres recordó que presentó estas pruebas al Consejo Universitario, que formó una comisión de investigación y concluyó que existió suplantación en el examen de ingreso. Sin embargo, acusó a la institución de intentar minimizar los hechos para evitar un escándalo mayor. “El estudiante que no se presentó al examen obtuvo la vacante, eso está documentado”, afirmó.
El caso ya se encuentra bajo investigación en el Segundo Juzgado Penal de Arequipa y en la Fiscalía. Según el exvicerrector, la inacción inicial de la universidad obligó a judicializar la denuncia, amparándose en la Ley Universitaria que obliga a las autoridades a reportar posibles delitos.
La UCSM, en paralelo, abrió un proceso disciplinario contra Cáceres, en el que el Tribunal de Honor resolvió su suspensión. El académico sostiene que se trata de una represalia directa de la actual gestión, encabezada por el rector Jorge Luis Cáceres, con quien mantiene diferencias políticas y académicas.
El exdirectivo rechazó los argumentos usados para sancionarlo, como la presunta agresión verbal a estudiantes. Aseguró que tales versiones fueron “pretextos” para justificar su apartamiento y advirtió que el objetivo final sería separarlo definitivamente de la universidad mediante nuevos procesos en curso.
En su declaración, Cáceres también vinculó la sanción con disputas internas de poder. “Quienes no se alinean con el régimen actual son castigados: les reducen horas lectivas, los degradan de categoría o los despiden. Lo que me ocurre no es un hecho aislado, sino un patrón de amedrentamiento”, denunció.
Finalmente, señaló que su caso sienta un precedente grave para la autonomía universitaria y la protección de los derechos de docentes y estudiantes. “No se puede permitir que denunciar hechos de corrupción se convierta en causal de sanción. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para que se haga justicia”, concluyó.
