Un grupo de exdocentes de la Universidad Católica Santa María (UCSM), en Arequipa, denunció haber sido despedido de manera arbitraria luego de oponerse a aprobar tesis que, según afirman, presentaban serias irregularidades. Los afectados aseguran que recibieron presiones para otorgar el visto bueno a proyectos de grado, y que al negarse fueron apartados de la institución sin explicación oficial.
Los docentes involucrados, en su mayoría de la Escuela de Ingeniería de Minas, relataron que pese a tener años de servicio y evaluaciones positivas durante varios años, el 11 de agosto —día de inicio de clases— se enteraron de que sus cursos habían sido asignados a otras personas. La universidad no habría emitido comunicación formal sobre las razones de su salida de al menos 7 docentes.
Uno de los casos fue expuesto por una profesora Olga Martínez Rodríguez que laboraba desde 2017. Según indicó, tras denunciar un proceso irregular en la sustentación de una tesis, fue reemplazada de manera sorpresiva. “Hasta el día de hoy no nos responden correos ni llamadas. Simplemente desaparecimos de la carga académica”, señaló.
En total, serían siete los docentes separados en circunstancias similares. Todos coinciden en que el origen de la medida estaría vinculado a las presiones ejercidas desde 2021 para aprobar una tesis cuestionada. Entre los señalados de promover un clima de hostigamiento se menciona a directivos de la escuela y a autoridades de la universidad.
Los exprofesores denunciaron que incluso hubo presencias inusuales de altos cargos en las sustentaciones. El docente Edwin Bernedo Tito indica que el actual rector, Jorge Luis Cáceres, en ese entonces vicerrector académico, asistió a la sustentación de tesis, lo cual consideran una forma de presión indirecta. “En mis más de diez años como jurado nunca había visto algo así”, expresó el docente.
Además, los denunciantes señalan que sus contratos temporales, usualmente renovados de forma continua desde hace años, fueron utilizados como pretexto legal para separarlos. Sin embargo, sostienen que en varias ocasiones trabajaron fuera de contrato, lo que agrava el carácter intempestivo de su desvinculación.
La situación no solo involucra despidos, sino también problemas de pagos. Uno de los docentes afectados, Carlos Lusa, aseguró que la universidad le adeuda horas dictadas y que, al reclamar, solo recibió respuestas vagas sobre supuestos “problemas administrativos”. Ante ello, los exdocentes han recurrido a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Las denuncias también incluyen pruebas documentales. Los afectados afirman contar con correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y fotografías que demostrarían las presiones y la irregularidad en el manejo de los procesos de titulación. Todos estos documentos ya habrían sido presentados a Sunafil y ante el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones del caso.
Por ahora, la Universidad Católica Santa María no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Mientras tanto, los exdocentes insisten en que no se oponen a la rigurosidad académica, sino a que se pretenda validar tesis sin cumplir los estándares necesarios. “No resolvemos un problema académico generando otro de transparencia y ética”, concluyeron.
