La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra de mejoramiento del colegio Felipe Santiago Salaverry, en el distrito de Socabaya, cuya ejecución está a cargo de la Municipalidad Distrital. Aunque el proyecto debía entregarse el 8 de mayo de 2025, continúa inconcluso y sin fecha clara de culminación, lo que motivó la intervención del órgano de control.
Según el Informe n.° 025-2025-OCI/1313-SCC, el equipo de auditores detectó que el residente de obra no registra constancia de su permanencia en campo. Esta omisión impide verificar las horas efectivas de supervisión técnica y limita el control sobre los plazos y la calidad de los procesos constructivos. De acuerdo con la Contraloría, esta falta de seguimiento podría derivar en trabajos deficientes y en el riesgo de no aplicar penalidades por incumplimiento contractual.
Asimismo, el documento señala que el contratista mantiene áreas de trabajo en evidente desorden. Entre el pabellón 1 y la zona de juegos, así como en el lindero con la losa deportiva y en los espacios del tópico y área de ventas, se hallaron materiales acumulados sin criterio técnico de seguridad. Esta situación, advierte el informe, expone al personal obrero a accidentes e incidentes evitables.
Otro hallazgo relevante es la participación del ingeniero Álvaro Candia Álvarez como especialista en estructuras, pese a que no se encontraría habilitado para ejercer su profesión. Esta condición vulnera lo establecido por el Colegio de Ingenieros del Perú y compromete la validez técnica de las labores asignadas a dicho especialista. La Contraloría sostiene que permitir la intervención de un profesional no habilitado incrementa el riesgo de fallas estructurales en la infraestructura educativa.
En conjunto, los hallazgos revelan deficiencias de control interno, supervisión y cumplimiento normativo que podrían afectar la calidad final de la obra. Ante ello, se recomendó a la municipalidad adoptar medidas correctivas inmediatas para garantizar la continuidad del proyecto y evitar un mayor perjuicio al Estado.
La entidad fiscalizadora reafirmó que continuará vigilando el avance del proyecto, dado que se trata de una infraestructura esencial para cientos de estudiantes de Socabaya.
