La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) se encuentra en el centro de una tormenta ética y judicial tras revelarse prácticas de maternidad forzada en su albergue «La Casa del Padre». Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que menores de entre 10 y 13 años, víctimas de violación, son inducidas a parir bajo un discurso religioso.
Esta situación constituye una violación flagrante a los tratados internacionales, ya que el Comité de Derechos Humanos de la ONU equipara el negar el aborto terapéutico a víctimas de abuso con la tortura. La parlamentaria, lejos de mostrar empatía, ha defendido públicamente que estas niñas deben estar «agradecidas» por los hijos nacidos del trauma, minimizando el impacto del ultraje sufrido.
La gravedad del caso aumenta al revelarse imágenes donde las menores, uniformadas y con los rostros cubiertos por el dolor, son utilizadas como trofeos políticos en escenarios públicos. Esta exposición mediática de víctimas de violencia sexual es una práctica revictimizante que busca validar una agenda antiderechos, utilizando la vulnerabilidad extrema de niñas que deberían estar protegidas por el Estado.
Resulta alarmante que el Ministerio de la Mujer (MIMP) y los Juzgados de Familia hayan derivado, según la propia legisladora, a cerca de 150 adolescentes gestantes a este centro privado. Esta complicidad institucional permite que niñas rescatadas de entornos violentos terminen en un refugio donde se les impone una maternidad traumática bajo una estricta orientación evangélica.
La institución Flora Tristán ha condenado la «indolencia» de Jáuregui, calificando su conducta como cómplice de los victimarios al pretender que una violación es un «designio de la vida». Al forzar a una niña de 10 años a ser madre, se le arrebata su infancia y se perpetúa un ciclo de violencia psicológica y física irreversible.
Ante estos hechos, la activista Gahela Contreras ha presentado una denuncia penal contra la congresista por lesiones graves y afectación psicológica. La acusación sostiene que Jáuregui utiliza su posición de poder para obstaculizar el acceso al aborto legal, derecho que asiste a las menores cuya salud mental y física corre riesgo.
Por su parte, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que lo que ocurre en «La Casa del Padre» evidencia conductas de violencia espiritual y económica. Es inaceptable que en un estado de derecho se permita que un entorno de fe sustituya las políticas de salud pública y protección integral que el Estado está obligado a garantizar.
Incluso dentro de su propia bancada, el panorama se torna oscuro para la legisladora y candidata al Senado. Renovación Popular ha marcado distancia, señalando que sus actos no cuentan con autorización del partido, dejando a Jáuregui sin el respaldo político que solía ostentar mientras el Ministerio Público evalúa la intervención del recinto.
El silencio inicial de la actual gestión del MIMP ha sido roto por el anuncio de una intervención inmediata al refugio. Sin embargo, queda la interrogante de cuántas vidas han sido marcadas por esta negligencia estatal que entregó a niñas indefensas a manos de quienes priorizan dogmas sobre la integridad humana.
La sociedad peruana demanda justicia y una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades penales de Milagros Jáuregui. No se puede permitir que el dolor de las víctimas sea el combustible de una campaña política, ni que el interés superior del niño sea pisoteado por intereses religiosos en refugios financiados o avalados por el Gobierno.
