El funcionamiento del laboratorio biológico forense y del banco de ADN de la Unidad de Medicina Legal de Arequipa continúa en incertidumbre, pese a que, según el cronograma oficial, la construcción debía concluir en enero, implementarse en febrero e iniciar operaciones en marzo. La ONG U-Manos advirtió que el financiamiento para adquirir equipos especializados no está asegurado, mientras las denuncias por abuso sexual siguen incrementándose en la región.
En julio, durante la Sexta Mesa de Trabajo, se presentó el plan de puesta en marcha del laboratorio; sin embargo, tras la décima mesa se evidenció que dicho cronograma no se está cumpliendo. Según lo previsto, la operatividad del servicio permitiría obtener resultados en un plazo aproximado de 15 días y reducir los tiempos de respuesta para Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios y Huancavelica.
Fiorella Matos Angulo, presidenta de la ONG U-Manos, señaló que la modificatoria del expediente técnico no prosperó, lo que mantiene entrampado el proceso. Además, advirtió que los constantes cambios en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Mujer han impedido cerrar acuerdos. «Mientras más demora haya en operativizar el laboratorio biológico, más riesgo corremos en el archivamiento de casos de abuso sexual», expresó.
La representante indicó también que la demora obliga a remitir evidencia biológica a Lima, lo que prolonga la llegada de resultados por entre ocho y doce meses. «Esto podría estar condicionando que no se logren sanciones punitivas. Tengamos en cuenta que solo en 2025 se registraron 1 846 denuncias por abuso sexual. En 2024, hubo 2 500 y en 2023, 2 531. Mientras que en 2025 hay 899 sentencias condenatorias», afirmó.
Si bien el laboratorio se encuentra implementado en el último piso del área de Medicina Legal, aún requiere la compra de equipos especializados y un presupuesto estimado de S/ 2 millones para su operatividad anual. Matos Angulo remarcó que el retraso «no responde a un problema técnico, sino a una decisión política pendiente», y pidió que las autoridades aseguren el financiamiento para evitar que más víctimas enfrenten procesos que no avanzan.
