El alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz Pinto, enfrenta un récord de procesos legales en la política arequipeña. Desde el inicio de su gestión en 2023 acumula 58 denuncias, de las cuales asegura que 50 ya fueron archivadas sin pasar a investigación preliminar. Pese a ello, el burgomaestre afirma que no se siente preocupado y responsabiliza a sus opositores de buscar desacreditarlo.
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento del puente en la avenida Salaverry. Muñoz sostuvo que todas las denuncias responden a intereses políticos y que son consecuencia de su trabajo en el distrito. “Esto le pasa a toda autoridad que quiere imponer orden”, señaló.
Entre los procesos mencionó reclamos por presuntos daños en obras como la pavimentación de las calles Godofredo Manrique, José Gálvez, Melgar y La Oroya, además de la construcción del puesto de salud de Lara. También recordó denuncias por el retiro de kioscos que obstruían la vía pública, incluido el polémico caso del quiosco de Quintín Laura, adulto mayor con discapacidad, que generó fuertes críticas.
El edil también se refirió a un proceso abierto en su contra tras difundirse fotografías donde aparecía junto a una empresaria proveedora del municipio. Aseguró que estas acusaciones carecen de sustento y forman parte de un intento por debilitar su gestión. “El primer año quisieron revocarme, el segundo vacarme, y después hasta me denunciaron por una foto”, ironizó.
A pesar de la controversia, Muñoz destacó que su administración ejecuta actualmente 57 obras, entre ellas 17 instituciones educativas y cinco puentes, aunque admitió que ninguna ha sido entregada aún. Frente a cuestionamientos por los retrasos, respondió que todas serán inauguradas en diciembre.
El alcalde también negó haber actuado con venganza contra la familia de Quintín Laura, luego de que su quiosco fuera retirado en dos ocasiones. Sostuvo que solo se trató de recuperar la vía pública y rechazó las denuncias por apropiación ilícita, abuso de autoridad y discriminación.
Sin embargo, Muñoz ha recibido críticas por el uso de portátiles organizadas para respaldarlo en sesiones del concejo, lo que fue interpretado por algunos regidores como un acto de amedrentamiento. La Defensoría del Pueblo incluso intervino en su momento para pedir calma y respeto hacia la oposición.
