El abogado Luigi Vargas, representante legal de la familia del adolescente de 16 años que falleció tras ingresar a la piscina del Cuartel Salaverry, en Arequipa, cuestionó el comunicado emitido por el Ejército del Perú, el cual descartaría un ahogamiento y atribuiría el deceso a una condición previa de salud. Según el letrado, el resultado de la necropsia entregado a los padres reveló edema pulmonar agudo, edema cerebral agudo y enclavamiento de amígdalas cerebelosas, hallazgos que —según médicos consultados— son compatibles con un cuadro de asfixia por inmersión.
Vargas explicó que el edema cerebral agudo se produce por falta de oxígeno en el cerebro, mientras que el edema pulmonar puede originarse por la presencia de líquido en los pulmones, situación típica en casos de ahogamiento o semiahogamiento. Sostuvo que el menor pudo haber aspirado agua durante la inmersión y presentar una complicación tardía, conocida como ahogamiento secundario, lo cual habría agravado su estado de salud horas después.
El abogado también señaló que el comunicado institucional no descarta la posibilidad de un accidente acuático, ya que el menor habría presentado síntomas poco después de salir del agua. Asimismo, denunció que en las actas no figura la presencia de personal especializado en salvataje o instructores capacitados, lo cual pudo influir en la falta de respuesta inmediata ante la emergencia.
Además, Vargas advirtió que sería un agravante que la piscina no cuente con permisos sanitarios vigentes, conforme a los estándares exigidos por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), situación que pondría en cuestionamiento las condiciones de seguridad del recinto.
En otro momento, criticó el actuar del Ministerio Público, al señalar presunta falta de diligencia por parte de la fiscal Jessica Meza, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Mariano Melgar, debido a que no habría estado presente en la escena para realizar diligencias urgentes como la incautación del DVR o el aseguramiento de las grabaciones de cámaras de seguridad.
Indicó que hasta el momento las imágenes no han sido entregadas, pese a ser consideradas una prueba clave para esclarecer lo ocurrido dentro de la piscina. Afirmó que la ausencia fiscal habría generado retrasos en el acceso a evidencia que podría definir responsabilidades.
El abogado también mencionó que, según versión de la madre, en el hospital militar al que fue llevado inicialmente el adolescente no habría oxígeno disponible, lo que habría obligado su traslado al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, donde finalmente llegó sin signos vitales.
Vargas precisó que la investigación policial se inició de oficio y que, preliminarmente, el caso podría tipificarse como homicidio culposo, aunque será la Fiscalía la encargada de definir el delito conforme avance el proceso.
Finalmente, el representante legal señaló que este tipo de investigaciones pueden tardar hasta dos años, pero exhortó a que se realicen diligencias inmediatas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, considerando que la piscina seguiría siendo utilizada para actividades con menores de edad.
