Trabajadores del Ministerio Público advierten con huelga indefinida si no se aprueban mejoras laborales

Los trabajadores del Ministerio Público en Arequipa anunciaron que acatarán una huelga indefinida si el Gobierno no aprueba el decreto que autoriza el pago de una nueva escala remunerativa y el pase de los servidores del régimen CAS al régimen laboral 728. La medida busca el reconocimiento de los años de servicio y la equiparación salarial con el Poder Judicial.

Durante la jornada nacional de protesta realizada el martes, decenas de trabajadores realizaron un plantón frente a la sede de la Fiscalía en la calle La Merced. La secretaria general del sindicato en Arequipa, Claudia Mostajo, denunció la situación precaria del personal administrativo y técnico que cumple funciones esenciales en el sistema de justicia. “Los trabajadores del régimen CAS ganan sueldos muy bajos, no tienen CTS, gratificaciones ni beneficios sociales. Algunos perciben apenas S/ 1 060, menos del sueldo mínimo. Exigimos una escala remunerativa unificada y homologada al Poder Judicial, porque somos una de las instituciones con los salarios más bajos del sector público”, declaró.

Mostajo recordó que el Congreso aprobó en enero la creación de la nueva escala, pero el decreto permanece pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Solo falta la firma del ministro para que se haga efectiva, pero no hay voluntad política. Mientras tanto, el pase de los CAS al régimen 728 sigue siendo debatido en la Comisión de Presupuesto del Parlamento”, indicó.

Los trabajadores advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable en los próximos días, iniciarán una paralización indefinida que afectará los despachos fiscales, incluyendo los de flagrancia. “Solo se garantizarán los servicios esenciales, pero todo lo demás se suspenderá. Hoy empezamos en Arequipa y la medida se replicará en las demás regiones del sur”, sostuvo la dirigente.

A nivel nacional, los servidores del Ministerio Público han solicitado una reunión urgente con el Ejecutivo y el MEF para destrabar los acuerdos pendientes y evitar que el conflicto laboral impacte en el funcionamiento del sistema de justicia.

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