Contraloría detecta deficiencias críticas en comisarías de Arequipa durante operativo nacional

Patrulleros inoperativos, chalecos en mal estado y falta de mantenimiento ponen en riesgo el trabajo policial, según el primer informe del operativo “Comisarías Básicas PNP 2025”.

En la región Arequipa, la situación que enfrentan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) refleja un panorama de abandono. Así lo advierte un reporte preliminar de la Contraloría General de la República, emitido tras el inicio del operativo nacional “Comisarías Básicas PNP 2025”, que busca evaluar la infraestructura, equipamiento y servicios en las dependencias policiales del país.

De acuerdo con el informe, Arequipa cuenta con 101 comisarías, de las cuales 16 están siendo evaluadas por el órgano de control, tanto en la ciudad como en provincias. “Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, indicó el contralor César Aguilar Surichaqui.

La inspección se realiza en las comisarías de Palacio Viejo, Santa Marta, Ciudad Mi Trabajo, Mollendo, Matarani en Islay, El Pedregal en Caylloma, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma y Cerro Colorado, entre otras que conforman la línea de defensa y atención más cercana frente al delito.

En el primer día de evaluación, se detectaron patrulleros inoperativos por falta de mantenimiento, chalecos antibalas deteriorados y equipos de cómputo obsoletos. En la comisaría de Ciudad Mi Trabajo, en Socabaya, los auditores hallaron chalecos en pésimas condiciones que pondrían en riesgo la integridad de los efectivos policiales.

Semanas atrás ya se habían advertido las limitaciones que afectan el desempeño de los policías en Arequipa. La Contraloría reiteró que estas deficiencias dificultan la capacidad operativa y de respuesta frente a la criminalidad, por lo que los resultados del operativo serán remitidos al Congreso y a las autoridades competentes para las acciones correctivas correspondientes.

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