El gerente regional de Producción, José Luis Morales Charca, confirmó que parte de las 24 motocicletas adquiridas en 2022 para reforzar la fiscalización de la extracción de camarón permanecen almacenadas. Estas unidades fueron compradas mediante el proyecto de inversión pública IOAR, pero no se han utilizado debido a que la Contraloría investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición.
“Algunas ya van a ser liberadas. Vamos a darles mantenimiento y entregarlas a las municipalidades para que puedan apoyar a las organizaciones de pescadores”, explicó Morales Charca. Según el funcionario, la intención es destinar las motos a los operativos de control durante la veda del camarón, especialmente en los ríos y zonas costeras donde se registra mayor actividad extractiva.
Actualmente, la falta de equipamiento limita el trabajo de solo siete fiscalizadores, quienes deben cubrir todas las cuencas y el litoral arequipeño. El gerente advirtió que se necesita duplicar el personal operativo para garantizar una supervisión efectiva en los puntos críticos de Islay, Quilca, Camaná, Chala, La Planchada, Lomas, Vítor, Majes y Ocoña, donde la pesca ilegal del crustáceo persiste cada temporada.
“Se requiere duplicar la cantidad de fiscalizadores y disponer del equipamiento necesario para realizar operativos efectivos”, insistió Morales, subrayando que la actual capacidad es insuficiente frente a la extensión territorial y los riesgos de extracción clandestina.
El Gobierno Regional de Arequipa destinó S/ 1.4 millones para la compra de las motocicletas. Sin embargo, a casi tres años de la adquisición, la mayor parte de los vehículos continúa sin uso, mientras la investigación de la Contraloría mantiene paralizado el objetivo inicial de fortalecer la fiscalización pesquera en la región.
