La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa confirmó la sentencia de 20 años y 8 meses de prisión impuesta a Rodrigo Larico Olarte, exestudiante de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), por el delito de feminicidio en agravio de su exenamorada. El fallo fue emitido por los jueces Fernán Fernández Ceballos, Celis Mendoza Ayma y Jaime Moreno Chirinos, que declararon infundado el recurso de apelación presentado tanto por el Ministerio Público como por la defensa del acusado. La resolución establece además el pago de una reparación civil de 415 mil soles y dispone que Larico cumplirá su condena en el penal de Socabaya.
Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 35 años de prisión, el tribunal aplicó la figura de responsabilidad restringida contemplada en el Acuerdo Plenario 1-2023 debido a que Larico tenía 18 años al momento de los hechos. Esa condición legal influyó en la determinación de la pena al considerarse que no había alcanzado la plena madurez requerida para efectos de una sanción mayor.
Durante las audiencias, el condenado expresó arrepentimiento y dirigió una declaración pública ante la familia de la víctima, por la cual pidió perdón. “Pido perdón por haberle arrebatado la vida a Ana Paola. Lo siento mucho de verdad”, dijo Larico en la sala, negando asimismo ser una persona machista y afirmando que “ese día yo había planeado salir con mis amigos y luego irme a mi casa”.
El feminicidio ocurrió el 29 de septiembre de 2023 en el interior del campus del área de Ingenierías de la UNSA, hecho que conmocionó a la comunidad universitaria y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres en espacios educativos. Según la acusación sustentada en el juicio, Larico apuñaló en reiteradas ocasiones a su exenamorada, lo que motivó la investigación y el proceso penal que culminó en la sentencia de enero de 2025 y ahora su confirmación en segunda instancia. La aplicación de la figura de responsabilidad restringida y la reducción de pena por la edad del acusado han sido puntos centrales en las motivaciones del Tribunal.
Con la confirmación de la condena, se ratifica la imposición de medidas accesorias y la obligación del sentenciado de reparar civilmente el daño ocasionado a la familia de la víctima. El caso continuará su trámite conforme a lo establecido por la autoridad penitenciaria para el cumplimiento de la pena, mientras que la comunidad universitaria y organizaciones civiles mantienen la atención sobre políticas de prevención y protección contra la violencia de género en los espacios académicos.
