La agrupación política Juntos por el Perú incorporó en el Congreso de la República a más de quince exfuncionarios, exministros y colaboradores directos del entorno del expresidente Pedro Castillo. Las contrataciones comprenden plazas de asesores principales, auxiliares y personal técnico asignados a la bancada parlamentaria, comisiones legislativas y despachos individuales, incluyendo las oficinas de los parlamentarios José Mercedes Castillo Terrones —hermano del exmandatario— y Yenifer Paredes.
Entre las designaciones destacan la del exministro de Defensa Walter Ayala, asesor principal de José Mercedes Castillo y a quien el Pleno archivó recientemente una denuncia constitucional por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además del exgeneral policial Wilson Sanchez Sanchez, quien ejercía funciones durante el intento de golpe de Estado. En la bancada del Senado laboran el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Julio Palomino Duarte; el exrepresentante de los licenciados militares y exfuncionario del Instituto Peruano del Deporte, Jeremías Huamán Ramírez; y el abogado Ronald Atencio. Asimismo, Irma Rojas Regalado, exdirectora del despacho de la primera dama Lilia Paredes, y Mauro Gonzales cumplen labores de asesoría para Yenifer Paredes, mientras que Sandra Paico asiste a la diputada Amalia Palomino; Jose Cristobal Quispe y el dirigente magisterial del 2017 Guillermo Rea figuran en la oficina de Graciela Chipana; y Ricardo Bernaola ocupa una plaza técnica con la diputada Catherin Palomino.
Respecto a los cuestionamientos por estas incorporaciones, el exjefe del Gabinete Técnico Presidencial, Wilson Pretel, asignado como asesor en la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado presidida por Hugo Ccahuana, defendió su derecho laboral y afirmó textualmente: «haber trabajado en una determinada gestión de gobierno no debería ser, por sí solo, motivo de descalificación ni discriminación» Pretel aseguró además que no contó con intermediarios ni recomendaciones políticas para asumir el puesto, postura a la que se sumó Lenin Romero Casavilca, señalado por la distribución de noventa teléfonos celulares durante el intento de golpe de Estado de 2022 y asesor en la Comisión de Justicia que preside Catherin Palomino, quien admitió recientes visitas al expresidente pero justificó su designación bajo la figura de cargos de confianza.
En el ámbito administrativo y de fiscalización de los recursos públicos, el exjefe de Gabinete del Congreso, Alejandro Rospigliosi, advirtió sobre el impacto presupuestario y la sobrepoblación laboral en el Parlamento, situación evidenciada con la devolución de 300 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas, y cuestionó la falta de control horario sobre el personal de confianza ante la ausencia de fiscalización entre bancadas. A su vez, en el plano judicial, continúan las acciones legales correspondientes, destacando la decisión del Ministerio Público adoptada en noviembre de 2025 de ampliar el plazo de investigación preparatoria contra Franco Pomalaya —actual auxiliar de prensa en el despacho de la diputada Svieta Fernández— por el denominado caso de asesores en la sombra.