La Contraloría de la República determinó un perjuicio económico total de 760 mil soles en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), tras detectar contrataciones irregulares de profesionales para la elaboración del expediente técnico, la ejecución y supervisión del proyecto “Primera Etapa de Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de la Uva en el Área de Influencia de Majes, provincia de Caylloma”. Entre los involucrados figura el gerente Duberly Otazú, junto a otros funcionarios.
El proyecto contemplaba la construcción de una planta para la elaboración de vino y pisco; sin embargo, el informe de control advierte que se causó un perjuicio de 30 mil soles con la contratación del proyectista Jesús Moya, quien habría elaborado incorrectamente el expediente técnico. En el documento incluyó la ejecución de una cancha de césped sintético con juegos infantiles y cobertura de malla, pese a que el objetivo central era la instalación de una planta productiva. Además, se contrató al evaluador José Luis Bellido, quien aprobó el expediente técnico a pesar de las deficiencias detectadas, recibiendo un pago de 10 mil soles.
Según el informe, la comisión de Autodema otorgó la buena pro a la empresa que presentó la oferta económica más alta, por 2 millones 407 mil soles, lo que representó una diferencia de 231 mil soles respecto a otras postoras. Asimismo, se identificó la contratación directa de la supervisora de obra por S/ 19 mil 963, pese a que el profesional contratado habría presentado un currículum distinto y posteriormente subcontrató el trabajo.
Entre los presuntos responsables se encuentran la supervisora de obra Kelly Abado; los miembros del comité de selección Víctor Jesús Rivera, Ydelfonso Palma y José Alexandro Flores; además de Robert Salcedo y Álvaro Cavero, jefes de Logística y Desarrollo Económico, respectivamente. También figuran Diego Armando Quispe, inspector de obra, y Delia Amado, jefa encargada de la oficina de Planificación.
La Contraloría remitió los hallazgos a las instancias competentes para el inicio de las acciones correspondientes. El caso pone en evidencia una serie de deficiencias en los procesos de contratación pública en Autodema, que derivaron en un perjuicio económico y en la presunta responsabilidad de sus funcionarios.
