Una grave controversia sacude al sector público tras conocerse que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) adjudicó la construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) a la empresa JYS Servicios Generales S.A.C., pese a que la compañía carece de experiencia en obras hospitalarias y fue sancionada por incumplimiento contractual en 2019. La obra supera los S/ 1,100 millones, convirtiéndose en una de las licitaciones más grandes del sur del país.
El anuncio fue realizado el 7 de octubre de 2025, durante la sesión del comité de selección de la ANIN, en la que también participaron dos empresas internacionales con trayectoria en infraestructura médica. Sin embargo, el ente estatal optó por otorgar la buena pro a la firma peruana, cuya especialidad son obras de agua y saneamiento, no construcción hospitalaria.
De acuerdo con los registros públicos, JYS Servicios Generales S.A.C. integró en 2019 el Consorcio Libertad II, que perdió la adjudicación de un proyecto de saneamiento en La Libertad por no subsanar observaciones técnicas. El Tribunal de Contrataciones del Estado abrió un proceso sancionador, pero en julio de 2025 el caso fue archivado por prescripción, permitiendo que la empresa vuelva a contratar con el Estado.
La decisión de ANIN ha generado críticas entre especialistas en contrataciones públicas, quienes advierten que se pone en riesgo la calidad y la transparencia del proyecto más ambicioso del sistema oncológico del sur del país. “Resulta inconcebible que una entidad encargada de garantizar eficiencia adjudique una obra hospitalaria de alta complejidad a una empresa sin experiencia ni antecedentes técnicos comprobables”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche, Percy Manrique, calificó la adjudicación como “una muestra de improvisación y falta de criterio técnico”. Recordó que el nuevo IREN Sur debe cumplir con estándares internacionales de oncología, por lo que su construcción requiere experiencia comprobada en sistemas hospitalarios, no en obras de saneamiento o servicios básicos.
Además, se cuestiona que ANIN no haya transparentado los fundamentos técnicos y financieros que justificaron su elección, pese a que las otras dos empresas postoras contaban con antecedentes sólidos en hospitales especializados en América Latina. La falta de acceso público al informe final de evaluación alimenta las sospechas de posibles irregularidades en la adjudicación.
El proyecto, que busca beneficiar a más de nueve millones de ciudadanos del sur del Perú, contempla la edificación de una moderna infraestructura médica, equipada con tecnología de última generación. Sin embargo, la elección de un contratista sin experiencia previa en el rubro pone en duda el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra, alertaron fuentes médicas del propio IREN Sur.
El caso también expone las debilidades del sistema de sanciones del Estado. Pese a haber incumplido obligaciones en contratos anteriores, la empresa beneficiada recuperó su capacidad de contratar por prescripción, es decir, porque el proceso sancionador se resolvió fuera del plazo legal. “No es que sean inocentes; es que el Estado llegó tarde otra vez”, criticó un exfuncionario del OSCE.
Organizaciones civiles y colectivos anticorrupción han pedido a la Contraloría General de la República intervenir de inmediato para revisar el proceso de licitación. Alegan que se estaría ante un caso de favoritismo o negligencia institucional, que podría comprometer miles de millones de soles del erario público.
Mientras tanto, la ANIN ha guardado silencio y solo se ha limitado a señalar que “la adjudicación se realizó conforme al marco normativo vigente”. Sin embargo, el país vuelve a enfrentarse a una realidad recurrente: empresas sin experiencia ni solvencia técnica obtienen contratos millonarios mientras hospitales, colegios y carreteras siguen esperando obras de calidad.
