Vecinos de la urbanización El Solar del Bosque denunciaron la instalación irregular de rejas y alambres por parte de residentes de la urbanización Monterrico, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa). Las estructuras metálicas, colocadas sin autorización municipal, bloquean el tránsito vehicular entre ambas zonas y dificultan el acceso de ambulancias y patrulleros en casos de emergencia.
Según denunció Joseph Giraldez, vecino afectado, las vallas fueron levantadas tras la reciente obra de asfaltado en las urbanizaciones que limitan con la Av. prolongación Dolores. “Los policías mismos reconocieron que no podrían ingresar con rapidez en una emergencia debido a estas divisiones”, advirtió. La queja ya fue presentada formalmente ante la municipalidad distrital, aunque aún no recibe respuesta.
Los afectados señalan que los obstáculos fueron instalados con tubos y concreto en al menos cuatro cuadras, sumándose a rejas ya colocadas en otras vías. Esta situación, remarcan, no solo rompe la conectividad vial entre urbanizaciones, sino que también genera conflictos vecinales y hasta enfrentamientos personales.
Por su parte, un sector de vecinos de Monterrico y otras residenciales como Cardenales y Alameda defienden la permanencia de las rejas, alegando razones de seguridad. Denuncian que en la zona existen problemas de venta de droga, presencia de personas requisitoriadas y robos, por lo que consideran necesario restringir accesos. Incluso aseguran haber presentado más de mil firmas respaldando la medida.
“Estas rejas existen desde hace más de 30 años y nos han permitido vivir con mayor tranquilidad. No es cierto que bloqueemos todas las vías, las principales entradas permanecen abiertas”, declaró una vecina dirigente de Monterrey durante un plantón frente a la municipalidad.
El enfrentamiento vecinal ha derivado en acusaciones cruzadas. Mientras un grupo denuncia discriminación y actitudes violentas de dirigentes que impulsan las rejas, el sector contrario acusa a quienes exigen el retiro de buscar intereses individuales y desconocer los problemas de inseguridad que afectan al distrito.
La controversia también revela un mal uso del espacio público. Algunos vecinos denunciaron que las calles cerradas se utilizan como estacionamiento privado, contraviniendo la señalización de tránsito y restringiendo aún más la circulación de la población entre ambas urbanizaciones.
En medio del conflicto, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero enfrenta críticas por su pasividad. Aunque existe una ordenanza que regula las urbanizaciones cerradas, los vecinos aseguran que las actuales rejas carecen de autorización formal, pues fueron reinstaladas sin cumplir los procedimientos requeridos.
Especialistas en gestión urbana advierten que este tipo de cierres no planificados generan riesgos mayores en la movilidad y seguridad ciudadana. La falta de accesos libres puede retrasar la atención en casos de emergencia y contraviene la naturaleza de las vías públicas, cuyo uso debe ser compartido.
Los vecinos exigen a la comuna distrital una solución inmediata y transparente. Mientras unos reclaman el retiro de todas las barricadas para garantizar el libre tránsito, otros defienden su permanencia como medida de protección. La disputa refleja un problema de fondo: la ausencia de consensos vecinales y la débil fiscalización municipal en la gestión de los espacios públicos.
