Decenas de familias protestan en la sede regional en Arequipa denunciando desalojos forzosos y el incumplimiento de compromisos asumidos desde 2016.
Los pobladores del anexo de Pusa Pusa, en la provincia de Caylloma, realizaron esta mañana un plantón frente al Gobierno Regional de Arequipa. Exigen que la gestión de Rohel Sánchez cumpla con los compromisos asumidos en 2016, cuando entregaron sus terrenos para dar paso al proyecto de irrigación Majes Siguas II.
Según denunciaron, el convenio establecía que recibirían nuevas tierras en la zona P3 de Majes, además de mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, a casi diez años de firmado el acuerdo, aseguran que no han recibido ninguna compensación, pese a haber vendido sus propiedades a un precio simbólico de 0.29 céntimos por metro cuadrado.
Los manifestantes afirmaron que actualmente 52 familias se encuentran directamente afectadas, aunque el impacto alcanza a centenares de personas. De acuerdo con sus testimonios, muchos ya han sido desalojados por la fuerza, con presencia policial, lo que ha generado el abandono de animales y la pérdida de medios de subsistencia.
El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el entonces Gobierno Regional de Arequipa ofreció reubicarlos en terrenos productivos como parte del desarrollo de Majes Siguas II. El incumplimiento de esa promesa ha generado múltiples procesos legales y un clima de desconfianza entre las comunidades y la actual administración.
Los dirigentes acusan a la Procuraduría regional de promover desalojos sin darles una alternativa viable. Denuncian que algunos comuneros han sido trasladados a centros de cría de animales en Uchuyos y luego abandonados, sin apoyo económico ni social, lo que califican como un atropello a sus derechos humanos.
“Queremos cumplir lo que se acordó: entregamos nuestras tierras para dar paso al proyecto, ahora exigimos que nos den los terrenos comprometidos en Majes. Si nos cumplen, nos vamos pacíficamente, pero no podemos quedarnos en el aire”, señaló uno de los voceros durante la protesta en Arequipa.
Los pobladores advierten que, de no recibir una respuesta favorable, radicalizarán sus medidas de lucha. Mientras tanto, el Gobierno Regional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación, que amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto social en torno al megaproyecto Majes Siguas II.
