El Gobierno Regional de Arequipa atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la difusión de presuntos chats que revelarían una red de corrupción al interior de la administración de Rohel Sánchez. El consejero Miguel Ángel Linares sostuvo que estos hechos podrían significar “el principio del fin de la gestión”, al denunciar posibles negociados vinculados a obras de infraestructura.
Linares acudió a la Fiscalía de Arequipa para exigir que el gerente general, Johan Cano, y la Jefa de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Valeria Chipana, involucrados en las conversaciones, entreguen sus teléfonos celulares y permitan el levantamiento de su secreto de comunicaciones y bancario. Según señaló, la negativa a hacerlo genera un “manto de sospecha” sobre la transparencia de la gestión.
El consejero indicó que los mensajes filtrados no serían los únicos en circulación. “Ya se habla de una segunda y tercera versión de chats y audios que serían difundidos en los próximos días. Esto muestra un modus operandi típico de una organización que mezcla poder político, intereses económicos y favores personales”, declaró.
La revelación ha generado cuestionamientos directos al gobernador regional Rohel Sánchez, a quien Linares pidió dar la cara y exigir a sus funcionarios que pongan a disposición sus dispositivos para esclarecer el caso. “Una autoridad que guarda silencio frente a estas acusaciones da la impresión de complicidad”, afirmó.
El consejero recordó que intentos previos de investigar presuntas irregularidades, como en la carretera Cabrerías, fueron bloqueados por la mayoría del Consejo Regional. Ahora, con las nuevas evidencias, señaló que no se puede seguir encubriendo a funcionarios que, incluso, habrían sido designados de manera irregular en cargos clave como la Gerencia Regional de Infraestructura.
La gravedad de los hechos también alcanzaría al propio Consejo Regional, al que Linares acusó de actuar como “satélite” del Ejecutivo al limitarse a invitar a los implicados en lugar de interpelarlos de inmediato. “Aquí se trata de un caso que compromete la estabilidad institucional de Arequipa”, añadió.
La Fiscalía aún no confirma el inicio de diligencias formales, pero Linares entregó un oficio solicitando que se intervenga de oficio y se decomisen los celulares de los involucrados. “Una justicia tardía no es justicia. Si los chats son falsos, que se demuestre con pruebas; si son ciertos, deben caer los responsables”, remarcó el consejero regional.
La difusión de estas conversaciones, que apuntarían a una presunta concertación y tráfico de influencias en la asignación de obras públicas, ha encendido las alarmas en la región. “Arequipa espera transparencia y verdad”, concluyó Linares, advirtiendo que la falta de respuestas podría profundizar la crisis política en el gobierno de Sánchez.
