La presentación de los abogados del Estado peruano ante la Corte Internacional de Justicia para defender la reciente ley de amnistía ha provocado una fuerte ola de críticas. La norma, aprobada por el gobierno de Dina Boluarte, fue señalada como una iniciativa que blindaría de responsabilidad a militares y policías involucrados en graves violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000.
El organismo defensor afirmó que la amnistía tiene como propósito cerrar procesos que “llevaron décadas sin resolverse”, según el legislador Fernando Rospigliosi. No obstante, fiscales de derechos humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertan que dicha ley afectaría al menos 156 casos con sentencia firme y más de 600 en trámite.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la CIDH han condenado esta norma como una afrenta a la justicia y la memoria de las víctimas, advirtiendo que contradice el precedente del caso Barrios Altos, que declaró inadmisibles las amnistías por violaciones a derechos humanos.
El primer abogado fue Ángel Delgado, como representante del Congreso. Él es el actual jefe de la oficina legal y constitucional del Congreso y militante del partido Avanza País. El segundo abogado fue Jorge Cáceres Arce, que fue en calidad de agente del Estado peruano, un ex-aprista que ha sido nombrado recién rector de la Universidad Católica Santa María en Arequipa y lo primero que hizo por si acaso fue aumentarse el sueldo.
El tercer abogado fue César Pastor, que trabaja para él rector en la Universidad Católica de Santa María como director de asuntos legales y es otro de los favorecidos con esos casi S/ 700 000 soles mensuales que se gastan solo en bonos para autoridades en esa universidad.
En el contexto de esta polémica, los abogados que defendieron la ley ante la Corte fueron objeto de señalamientos por su actitud durante el debate. Criticaron especialmente la postura de Ángel Delgado, Jorge Cáceres y César Pastor, por considerarse insuficientemente serios y excesivamente distantes del drama que representan las violaciones a los derechos humanos.
El caso de Jorge Cáceres, actual rector de la Universidad Católica Santa María acusado de incrementar su salario mensual a más S/45,000, no solo genera críticas por la suma del elevado sueldo de Cáceres y su papel como agente del Estado, indica que la defensa de la impunidad no solo se da en el plano legal, sino también institucional. Señalan que su postura refuerza una narrativa de privilegio y desconexión con los valores de justicia que debería representar la academia.
Representantes de las víctimas y sectores civiles han exigido que el Estado reconsidere su defensa ante tribunales internacionales y dependa de forma urgente que el sistema judicial nacional preserve la justicia. Esta polémica, que trasciende la legalidad, ha reabierto un debate sobre el compromiso ético de quienes representan los valores fundamentales del país.
