El traslado de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo a Ancón II ha desatado un intenso debate político y social. La medida, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se presentó como una decisión “técnica”, pero la oposición y sectores de la opinión pública la interpretan como un acto de revancha fujimorista avalado por el Ejecutivo.
Vizcarra enfrenta cinco meses de prisión preventiva por presunto cohecho durante su gestión como gobernador de Moquegua. Inicialmente ingresó a Barbadillo, cárcel reservada a expresidentes, pero en pocos días fue trasladado a un penal común. El propio exmandatario denunció que el cambio respondía a motivaciones políticas y no legales.
El entorno de Vizcarra fue más lejos y acusó directamente al Gobierno de Dina Boluarte de ceder ante presiones del fujimorismo. Estas declaraciones elevaron la tensión política y pusieron en la mira la imparcialidad del sistema penitenciario, cuya transparencia ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones.
Desde el INPE, la versión oficial señaló que Ancón II ofrecía mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, no se difundió el informe técnico que respalde la decisión. Esta falta de sustento público mantiene abierta la sospecha y alimenta la percepción de que el traslado tiene un trasfondo político más que administrativo.
El episodio revive heridas del pasado reciente. En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso dominado por el fujimorismo, un hecho que marcó una ruptura con ese sector político. Desde entonces, sus enfrentamientos con el fujimorato han sido permanentes, lo que hace que cada decisión judicial en su contra se interprete bajo el prisma de la vendetta.
La situación pone también en entredicho a la presidenta Boluarte. Aunque no ejecutó directamente el traslado, su falta de pronunciamiento y la ausencia de explicaciones oficiales claras refuerzan la idea de un Ejecutivo que permite que el sistema penitenciario sea usado como herramienta de castigo político.
El contraste simbólico es contundente: mientras expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo permanecen en Barbadillo, Vizcarra es enviado a un penal común. Para muchos, no se trata solo de un cambio de locación, sino de una degradación política que refuerza la percepción de que, en el Perú, la cárcel también responde a intereses y cuentas pendientes.
