El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) recortó de manera significativa los plazos para la evaluación de proyectos que requieren viabilidad ambiental. Entre enero y junio de 2025, los tiempos de atención disminuyeron hasta en un 32% respecto al mismo periodo del 2024, una cifra que, según la entidad, permitirá viabilizar más inversiones y cerrar brechas sociales.
La mayor reducción se registró en la evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) del sector minero, que pasaron de 107 a 73 días hábiles en promedio, es decir, 34 días menos, lo que representa una mejora del 33%. Estos instrumentos son obligatorios para modificaciones o ampliaciones de proyectos con certificación ambiental vigente.
En el caso de las solicitudes de clasificación de proyectos (EVAP), el tiempo bajó de 144 a 98 días, con reducciones del 26% en transporte y 27% en agricultura. Este documento inicial define la categoría del estudio ambiental que un proyecto deberá presentar para prevenir impactos.
Para los Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO), el plazo promedio pasó de 106 a 86 días, una mejora del 19%. Estos procedimientos buscan prevenir y mitigar daños durante obras o intervenciones.
Sectores como hidrocarburos y electricidad también experimentaron recortes en los plazos de atención, aunque el Senace no detalló los porcentajes exactos. La entidad sostiene que estas mejoras responden a la optimización de procesos internos y al uso de herramientas digitales que agilizan la revisión técnica, sin relajar los estándares ambientales.
La reducción de tiempos, sin embargo, abre el debate sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la agilización de inversiones y la rigurosidad de las evaluaciones. Organizaciones ambientales advierten que acortar plazos no debe significar debilitar la fiscalización, mientras que el sector privado lo celebra como un avance para destrabar proyectos y dinamizar la economía.
Con estos cambios, el Senace busca consolidarse como un organismo técnico capaz de responder con rapidez y eficacia, en un contexto de creciente presión por acelerar la ejecución de obras e inversiones sostenibles en el país.